La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto condenada a pagar 4.200 euros por denunciar el abandono de fichas de presos de Carabanchel

El Tribunal Supremo ha impuesto unas costas de 4.200 euros a una de las asociaciones de vecinos que denunciaron arbitrariedades en la Agencia Estatal de Protección de Datos a cuenta del abandono de fichas de presos de la antigua cárcel de Carabanchel, al desestimar el recurso presentado por estas asociaciones contra la tasación de las mismas.

Según las asociaciones de vecinos de los barrios cercanos a los terrenos de la antigua cárcel, Aluche, Carabanchel Alto, Lucero Cerro Mica, Puerto Chico y las Águilas, diez años después del cierre del penal en 1998 todavía quedaban abandonadas en su interior decenas de fichas de antiguos presos, expuestas a la mirada de cualquier visitante de un recinto que no contaba con ninguna vigilancia ni protección.

Así, el 19 de febrero de 2008 presentaron denuncia ante la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD) contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por lo que podría constituir una falta en la custodia de datos de carácter personal y confidencial.

Según relatan, se inició un procedimiento por el que los inspectores de la AEPD comprobaron que la documentación aportada en la denuncia correspondía con información incluida en ficheros bajo custodia de Instituciones Penitenciarias, y por eso mismo, el director de la citada agencia acordó, con fecha 13 de enero de 2009, iniciar procedimiento de declaración de infracción a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por presuntas infracciones de la ley de Protección de Datos tipificadas como graves.

Pese a las conclusiones a que llegó la instrucción por parte de los servicios de la inspección de la AEPD, el director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió, con fecha 25 de mayo de 2009, declarar el archivo del procedimiento, por “no haber podido obtener pruebas que corroboren y acrediten la responsabilidad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los hechos denunciados”.

Las asociaciones presentaron un recurso contra el archivo de la denuncia, con fecha 31 de julio de 2009, que fue desestimado porque “no se han podido obtener pruebas que corroboren y acrediten a la responsabilidad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los hechos denunciados”.

Agotada la vía administrativa, la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, con fecha 12 de noviembre de 2009, interpuso un recurso Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional contra el archivo del caso.

Este tribunal decidió no entrar en el fondo del recurso (si la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había cometido infracción grave en su responsabilidad de custodia de ficheros de carácter personal), y, por sentencia de fecha 23 de diciembre de 2010, la sala de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, de la Audiencia Nacional, resolvió que “la Asociación denunciante carece tanto de un derecho subjetivo como de un interés legítimo a que la institución denunciada pueda ser considerada infractora de la LOPD”. En dicha sentencia no realizaba condena en costas.

Posteriormente, el 28 de abril de 2011, la citada asociación interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional, y con fecha 25 de noviembre de 2013 la sección sexta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia que confirmaba la anterior de la AN, porque “el denunciante no tiene un derecho subjetivo, ni un interés legítimo a que el denunciado sea sancionado”.

“El poder punitivo pertenece únicamente a la Administración, que tiene encomendada la correspondiente potestad sancionadora y, por consiguiente, sólo la Administración tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que el infractor sea sancionado”, argumentaba, al tiempo que imponía a la parte recurrente las costas del recurso de casación, al no haber lugar al mismo, estimadas en 4.000 euros.

La asociación solicitó la impugnación de dichas costas, el 10 de enero de 2014, que fue desestimada por el TS el 28 de marzo de 2014, “al no resultar excesivos los honorarios” del Abogado del Estado, imponiendo las costas de este incidente, valoradas en 200 euros, a la asociación.

La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto se pregunta por qué el director de la AEPD archivó una denuncia y por qué la Justicia “no ha querido entrar a valorar estos hechos y se ha quedado en la formalidad de una presunta falta de legitimidad”.

En este sentido, se preguntan por qué algunas entidades, como ‘Manos Limpias’, “pueden personarse como acusación particular en todo tipo de litigios, y a unas asociaciones de vecinos cuyos estatutos recogen la defensa de sus vecinos no se les admite que presenten denuncias por hechos que afectan no sólo al bien colectivo, sino a los intereses concretos de algunos de sus vecinos”.

Asimismo, se pregunta por qué hay que pagar unas costas a la Abogacía del Estado, cuyos servicios se sufragan con los impuestos de todos los españoles y qué queda de la justicia gratuita que la Constitución declara en su artículo 119.

“Con estos precedentes, la arbitrariedad de las administraciones públicas, y la impunidad de sus responsables será todavía mayor, dejando en muy mal lugar la llamada independencia judicial”, ha concluido.

Fuente:  www.eleconomista.es

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